El 6 de mayo del año pasado los cuerpos de seguridad sacaban del río
Pisuerga el cadáver de un joven colombiano de 20 años tras 14 horas de
búsqueda. Al parecer, se había precipitado desde el puente de García
Morato. Como quiera que la familia no disponía de recursos económicos
para repatriar el cadáver, varias asociaciones de inmigrantes de
Valladolid se movilizaron para organizar una rifa solidaria, recaudar
fondos y ayudar a esta familia.
Justo una semana después se reunieron en el entorno del parque Ribera de Castilla y prepararon la citada rifa con objetos que los propios asistentes donaron. Todo transcurrió con normalidad hasta que a última hora se presentó una patrulla de la Policía Municipal que pidió los datos a Jimmy Gómez, un joven ecuatoriano que colaboraba en un acto al que acudieron unas 200 personas y que recaudó unos 500 euros.
No obstante, la sorpresa de Gómez fue mayúscula cuando cuatro meses después recibió una multa del Ayuntamiento que le conminaba a pagar 600 euros por entender que había organizado una disco movida e infringido el artículo cinco de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana. Más o menos en las mismas fechas recibió otra multa de la Junta de Castilla y León, que un principio también consideró que había organizado un espectáculo público, que le sancionaba por no tener el correspondiente seguro obligatorio.
Gómez presentó un recurso a la multa de la Junta en el que alegaba que no se trataba de ninguna disco movida, aunque hubieran utilizado un sistema de megafonía. Así lo entendió el Gobierno regional, que archivó el caso.
Sin embargo, el joven ecuatoriano no hizo lo mismo con la multa del Ayuntamiento, que le daba un plazo de 15 días para aportar alegaciones, al entender que con lo presentado en la Junta valía. Lo hizo después, con un escrito en el que alegaba que la rifa tenía como objeto recaudar fondos para repatriar el cadáver, que no había música y que él era un participante más de los 200 que había, de modo que no entendía por qué la sanción recaía sobre él exclusivamente. No sirvió de nada, la Concejalía de Seguridad y Movilidad no tuvo en cuenta sus argumentos y confirmó la sanción «en todos sus extremos» el 11 de octubre.
En esta nueva notificación el Ayuntamiento vuelve a considerar que es autor de «una infracción administrativa leve consistente en actuación sobre bienes protegidos contraria a su uso o destino (disco movida con instalación musical). Además, desde la Concejalía se insiste en que el sancionado no presentó alegaciones en el plazo establecido de 15 días.
Gómez se quedó en el paro en septiembre de 2011 y desde marzo del año pasado, después de capitalizar la prestación por desempleo, trabaja como autónomo en un taller de La Victoria «que apenas da para cubrir gastos». Pese a todo, si nada cambia, el joven tendrá que pagar 600 euros por participar en un acto solidario en el que apenas se llegaron a recaudar 500 para esta familia colombiana. «Es injusto, ¿cómo vamos a organizar una disco movida después de lo que pasó?, no entiendo por qué me tienen que multar a mí si había tantas personas allí», se queja Gómez.
Fuente: El día de Valladolid
Justo una semana después se reunieron en el entorno del parque Ribera de Castilla y prepararon la citada rifa con objetos que los propios asistentes donaron. Todo transcurrió con normalidad hasta que a última hora se presentó una patrulla de la Policía Municipal que pidió los datos a Jimmy Gómez, un joven ecuatoriano que colaboraba en un acto al que acudieron unas 200 personas y que recaudó unos 500 euros.
No obstante, la sorpresa de Gómez fue mayúscula cuando cuatro meses después recibió una multa del Ayuntamiento que le conminaba a pagar 600 euros por entender que había organizado una disco movida e infringido el artículo cinco de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana. Más o menos en las mismas fechas recibió otra multa de la Junta de Castilla y León, que un principio también consideró que había organizado un espectáculo público, que le sancionaba por no tener el correspondiente seguro obligatorio.
Gómez presentó un recurso a la multa de la Junta en el que alegaba que no se trataba de ninguna disco movida, aunque hubieran utilizado un sistema de megafonía. Así lo entendió el Gobierno regional, que archivó el caso.
Sin embargo, el joven ecuatoriano no hizo lo mismo con la multa del Ayuntamiento, que le daba un plazo de 15 días para aportar alegaciones, al entender que con lo presentado en la Junta valía. Lo hizo después, con un escrito en el que alegaba que la rifa tenía como objeto recaudar fondos para repatriar el cadáver, que no había música y que él era un participante más de los 200 que había, de modo que no entendía por qué la sanción recaía sobre él exclusivamente. No sirvió de nada, la Concejalía de Seguridad y Movilidad no tuvo en cuenta sus argumentos y confirmó la sanción «en todos sus extremos» el 11 de octubre.
En esta nueva notificación el Ayuntamiento vuelve a considerar que es autor de «una infracción administrativa leve consistente en actuación sobre bienes protegidos contraria a su uso o destino (disco movida con instalación musical). Además, desde la Concejalía se insiste en que el sancionado no presentó alegaciones en el plazo establecido de 15 días.
Gómez se quedó en el paro en septiembre de 2011 y desde marzo del año pasado, después de capitalizar la prestación por desempleo, trabaja como autónomo en un taller de La Victoria «que apenas da para cubrir gastos». Pese a todo, si nada cambia, el joven tendrá que pagar 600 euros por participar en un acto solidario en el que apenas se llegaron a recaudar 500 para esta familia colombiana. «Es injusto, ¿cómo vamos a organizar una disco movida después de lo que pasó?, no entiendo por qué me tienen que multar a mí si había tantas personas allí», se queja Gómez.
Fuente: El día de Valladolid
