2.683 adolescentes pasaron el año pasado por los dispositivos de atención y reinserción de menores infractores de Castilla y León para cumplir las medidas judiciales, en régimen abierto o de internamiento, un 24 %más que en el año anterior.
Del total, 234 -un 5,4% más- requirieron el internamiento en el Centro Regional Zambrana, de Valladolid, uno de los tres centros públicos que existen en España para este tipo de medidas, que alcanzó un índice de ocupación superior al 96% en su 69 plazas del área de reforma. En el área de Socialización otras 44 plazas más, destinado a la atención de menores protegidos que presenten graves alteraciones de conducta. Robo con violencia o intimidación, lesiones y robo con fuerza en las cosas son las principales infracciones cometidas.
La gestión de este centro queda en manos de una empresa privada, Grupo Norte, que como un ámbito mas de su negocio (blindados, comedores escolares, telemarketing,..) realiza este “servicio” que nuestros gobernantes delegan en ellos.
Es claro que la respuesta adecuada a esta situación no reside en el endurecimiento de las leyes que penan las conductas delictivas de los menores.
Hoy todas las instituciones responsables de la educación de los jóvenes están delegando su responsabilidad, son los MCS quienes más influyen en la formación de los niños y jóvenes imponiendo parámetros de consumo que articulan los deseos de los jóvenes en los que el placer y la violencia son protagonistas. La consecuencia es una juventud que carece de ideales, agredidos por la desestructuración de la familia, por las consecuencias del paro que azota a toda la sociedad, por la corrupción generalizada, por una escuela diseñada al servicio del mercado para formar ciudadanos obedientes e impotentes para dar una respuesta a su vida y a los problemas de la humanidad.
