Hay que contentar a todos. Esta parece ser la máxima que siguen nuestros gobernantes autonómicos. Y siguiéndola es posible defender una cosa y la contraria. Hemos visto hace unos meses cómo se colgaban medallitas y pines en defensa de la vida, aprobando una iniciativa legislativa popular en defensa de la mujer embarazada, para recientemente no tener reparo en apuntarse al lucrativo carro de los crímenes abortistas. Y así, nuestros gobernantes han aprobado destinar 750.000 euros para abortos entre 2010 y 2012. Y ello resolviendo el pasado 14 de enero adjudicar a la clínica abortista Ginemédica la cantidad de 750.463 euros en concepto de “contratación de los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo para las pacientes beneficiarias de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid. mientras que la Comunidad de Castilla y León presupuesta lo que va a gastar en abortos en los próximos tres años, aún no ha presupuestado ni un euro para cumplimentar la Ley 14/2008 de 18 de diciembre de Apoyo a la Mujer Embarazada.
Lo llamativo es que los responsables alegan la mayor transparencia y ahorro que supone esta novedosa previsión presupuestaria. El concurso de licitación ganado por Ginemédica ha supuesto un ahorro de 39.350,98 euros para las arcas castellano-leonesas. Así, en lugar del importe de 789.813,98 euros establecido como presupuesto base de licitación, Ginemédica se ofreció a ejecutar 1.179 abortos (352 en 2010, 393 en 2011 y 434 en 2012) por 750.463 euros, es decir, a un precio medio de 636,5 euros por intervención. La misma frialdad y eficacia administrativa con la que muchos funcionarios y soldados nazis ejecutaban las órdenes de exterminio de los prisioneros en los campos de concentración.
