El Movimiento Cultural Cristiano de Valladolid se ha manifestado en la mañana de hoy en la Plaza Mayor de la ciudad junto con sesenta organizaciones por el cobro de una tasa cuando se solicita la ocupación de vía pública por parte del Ayuntamiento de Valladolid.
Dichas organizaciones han realizado diversas acciones como alegaciones a la ordenanza que aprueba dicha tasa, publicación de un manifesto conjunto... Y continuarán realizando acciones hasta conseguir que las organizaciones sin ánimo de lucro puedan realizar actividades en la calle sin tener que pagar tasa ninguna.
Este es el manifiesto conjunto:
POR LAS LIBERTADES SOCIALES:
¡NO PAGAREMOS POR EXPRESARNOS EN NUESTRAS CALLES!
El Ayuntamiento de Valladolid está cobrando por usar la calle con fines sociales. Aunque esto sea menos sonado que otras actuaciones de su representante público, Javier León de la Riva, es uno de los hechos más graves de su política municipal reciente.
El consistorio justifica este cobro a través del Decreto de Alcaldía nº 4610 de 14 de mayo de 2010, que supone una nueva “interpretación” de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizaciones privativas del dominio público (es decir, con ánimo de lucro). Así, pretende equiparar, a efectos de trámites y tasas, una mesa de propaganda con una “barraca”, o una acción de calle reivindicativa con un “espectáculo o atracción”. En las mesas informativas no vendemos cosas, regalamos ideas y propuestas.
Por ejemplo: un acto de difusión que requiera espacio para un pequeño escenario y una mesa de propaganda, al que acudan porque sí dos agentes municipales durante una mañana está ahora mismo castigado con más de 200 euros. De esta manera, el alcalde ya ha metido mano en multitud de actos, como una actividad deportiva infantil organizada por asociaciones de vecinos, o diferentes acciones llevadas a cabo por sindicatos y partidos en el contexto de la huelga general del 29 de septiembre y de la precariedad mundial.
El Ayuntamiento se ampara en la “necesidad de cuadrar los presupuestos municipales”. No dudamos de su capacidad y afán recaudatorios. Ahora bien, nos compensaría más a tod@s l@s vallisoletan@s ahorrarnos las cuantiosas indemnizaciones que el ayuntamiento ha provocado y ha tenido que entregar a dos organizaciones (sindical y política) por reprimir su “derecho de reunión”, según dos recientes sentencias del TSJ.
Pero no hay que profundizar mucho en la cuestión para ver los verdaderos motivos de esta oscura medida. El cobro de una tasa, sea cual sea la cantidad a la que ascienda, condiciona la libertad de expresión o de asociación, pues se le está poniendo un precio a su ejercicio. Colateralmente, aumentan los trámites burocráticos y por tanto el control social. ¿No es casualidad que, en tiempos de precariedad y descontento, el ayuntamiento tome estas medidas antisociales y desmovilizadoras? ¿Por qué nos quiere callar? ¿Qué quiere parar?
Esto no es más que otra vuelta de tuerca de la “Ordenanza Antivandálica” promulgada en 2004, que reprimía duramente expresiones como colgar un cartel, pintar un mural, concentrarse por la guerra o repartir octavillas. Si ahora mismo no se está aplicando esa normativa, es porque en su día los diferentes colectivos de Valladolid se unieron en un foro, enfrentaron y desobedecieron juntos tales medidas.
Ante este nuevo ataque al tejido social de Valladolid, 60 colectivos estamos llevando a cabo diferentes acciones conjuntas: firma de un manifiesto colectivo, rueda de prensa, entrega masiva de alegaciones, lectura de un escrito en el Pleno del Ayuntamiento... Ahora nos toca estar en la calle poniendo mesas y paneles informativos, repartiendo material divulgativo o juntándonos para comunicarnos y expresar nuestras opiniones.
SIN DAR NI UN CÉNTIMO NI UNA EXPLICACIÓN.
PORQUE SOMOS SOCIEDAD VIVA Y, AHORA MÁS QUE NUNCA, NECESITAMOS MOVILIZARNOS.
